Un suceso acaecido ayer en León ha desencadenado distintas reacciones en la clase política y en la ciudadanía. Un asesinato sin ningún motivo político, llevado a cabo presuntamente por una señora despechada y su hija desempleada, ha provocado una reacción corporativa de los políticos. No entiendo por qué el Congreso de los Diputados ha guardado un minuto de silencio (sí cabe el del Senado porque la finada fue senadora). Comprendo el interés de Rita Barberá (y de Camps y de Bárcenas y de Blesa y de Maleni Álvarez) en presentar a la clase política como víctima de ataques injustos por parte de la sociedad y las ganas de tantos dirigentes en sacudirse de encima la sensación de desafección de los ciudadanos respecto a sus representantes.
La derecha, con la inestimable aportación del portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, pretende poner internet bajo vigilancia. A Franco no se le ocurrió criminalizar las barras de los bares pese a que era el lugar donde circulaban los chistes que le ridiculizaban. Si en una manifestación masiva se queman cuatro contenedores de basura los medios de comunicación pondrán sus focos en el humo y no en la multitud cabreada y sus razones.
El mal gusto, como ciertos comentarios vertidos en internet tras el asesinato de esta señora, no es delito. Sí lo es ya la injuria. Si ha habido injurias, que se persigan. Lo que no cabe es la criminalización de la protesta, como está ocurriendo en España. La Ley de Seguridad Ciudadana va en ese sentido. Nuestra democracia se degrada en una crisis que no es sólo económica sino política.
